La intervención del Partido Justicialista (PJ) Misiones, encarnada por Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, suspendió como afiliados al diputado nacional Alberto Arrúa, que fuera secretario del Consejo Político Provincial; Myriam Analía Comparin, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial; y al abogado Fernando Martín Kornuta, ex apoderado partidario.

La decisión fue informada esta tarde a través de un comunicado, donde los interventores anunciaron la apertura de sumarios disciplinarios contra los tres dirigentes, y comunicaron que la suspensión es “preventiva” y se extenderá hasta el fin de las actuaciones.

En el comunicado se lee que Arrúa, Comparin y Kornuta están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

“Ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los respectivos sumarios disciplinarios a fin de determinar las responsabilidades orgánicas que pudieran corresponder”, señala el escrito y agrega: “En ese marco, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, inciso m, de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Misiones, se resolvió imponer la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones”.

“Con el objeto de garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, se fijaron las audiencias correspondientes, en las que se correrá traslado formal de las acusaciones a los involucrados”, informa.

En el párrafo final, sostiene que “la Intervención Normalizadora reafirma su compromiso con la reconstrucción institucional del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el respeto irrestricto de su Carta Orgánica y la plena vigencia de los principios democráticos que rigen la vida interna del movimiento”.

Con esta resolución, los interventores del PJ Misiones dejan fuera de las elecciones internas del 19 de abril próximo a la expresión más visible del peronismo renovador, que se aprestaba a participar del proceso electoral para la renovación de las autoridades partidarias misioneras.

La intervención del Partido Justicialista (PJ) Misiones, encarnada por Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, suspendió como afiliados al diputado nacional Alberto Arrúa, que fuera secretario del Consejo Político Provincial; Myriam Analía Comparin, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial; y al abogado Fernando Martín Kornuta, ex apoderado partidario.

La decisión fue informada esta tarde a través de un comunicado, donde los interventores anunciaron la apertura de sumarios disciplinarios contra los tres dirigentes, y comunicaron que la suspensión es “preventiva” y se extenderá hasta el fin de las actuaciones.

En el comunicado se lee que Arrúa, Comparin y Kornuta están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

“Ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los respectivos sumarios disciplinarios a fin de determinar las responsabilidades orgánicas que pudieran corresponder”, señala el escrito y agrega: “En ese marco, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, inciso m, de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Misiones, se resolvió imponer la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones”.

“Con el objeto de garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, se fijaron las audiencias correspondientes, en las que se correrá traslado formal de las acusaciones a los involucrados”, informa.

En el párrafo final, sostiene que “la Intervención Normalizadora reafirma su compromiso con la reconstrucción institucional del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el respeto irrestricto de su Carta Orgánica y la plena vigencia de los principios democráticos que rigen la vida interna del movimiento”.

Con esta resolución, los interventores del PJ Misiones dejan fuera de las elecciones internas del 19 de abril próximo a la expresión más visible del peronismo renovador, que se aprestaba a participar del proceso electoral para la renovación de las autoridades partidarias misioneras.