Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias
Con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, el Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los Aportes del Tesoro (ATN) y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda, eliminados.
Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor, y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra.
La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre de 2023.
La otra, elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior, y Nacional de la Vivienda, y redirige todos estos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, a las provincias conforme la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
El pleno votó el proyecto de los gobernadores, luego de un debate que se prolongó durante horas, después que aprobara el aumento para los jubilados, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.
Ambos proyectos superaron, holgadamente, la mayoría calificada de dos tercios que necesitaban, y eran un reclamo de los 23 mandatarios provinciales, entre los que se contó al misionero Hugo Passalacqua, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri, que se reunieron hace dos semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) porteño y consensuaron una hoja de ruta común.
El debate en el recinto plasmó el humor de los gobernadores y el primo de Mauricio Macri con Milei, que, en lugar de apaciguar los ánimos, rompió lanzas y acusó a los mandatarios de querer “destruir al gobierno”.
Hubo menciones a las deudas de Nación a las provincias por la coparticipación, la asimetría del reparto y la necesidad de rediscutir la distribución de los ingresos federales; la paralización de la obra pública, especialmente de infraestructura vial, y el interrogante que abre, en tal sentido, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Mayans se refería a los últimos intentos de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, por destrabar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que finalmente se cayeron y desembocaron en la cumbre del CFI, donde el anuncio de recurrir al Congreso por los recursos encendió la ira presidencial.