Tras choque en Garuhapé, organizaciones acusan al gobierno de avalar la violencia
Luego de que vecinos de Garuhapé corrieran con palos a miembros del MTR que reclamaban frente a la Municipalidad, sindicatos y organizaciones sociales salieron a repudiar el hecho, con un escrito en el que acusaron al gobierno de Misiones de avalar la conformación de “comandos civiles”.
En la misiva, que lleva la firma de 40 formaciones políticas populares, critican que, frente a la “crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales”, lo cual empuja los reclamos, “el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades”.
En cuanto a lo ocurrido en Garuhapé, adujeron que “es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial”.
Las organizaciones no ahorraron palabras para cuestionar el accionar del intendente local, Gerardo Schmied, quien justificó el hecho “diciendo que se trataba de ‘vecinos disgustados’ que ‘mancomunadamente se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento a estos piqueteros’, naturalizando así la intervención de comandos civiles, parapoliciales”. fustigaron.
El alcalde había dicho en diálogo radial que “vino gente de otros pueblos en colectivos de línea a impedir que nosotros podamos circular por la ciudad y esto incomodó a los vecinos”, declaración que enojó a los militantes.
Según estos, “se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reúnen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades”.
Además, aseguraron que lo sucedido en Garuhapé “tiene diversos antecedentes” en Misiones, donde “grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de ‘vecinos’ o ‘productores’”.
Asimismo, explicaron que “así como la protesta social es un derecho, la atribución que se toman estos grupos de amenazar o impedir esas formas de expresión son abiertamente ilegales”.
Insistieron en que el accionar es “concertado e ilegal” que es “exhibido ante los medios como formas de intervención legítima”, aunque “es propio de las organizaciones parapoliciales o paramilitares, que en la historia de la violencia política de nuestro país remite a los denominados, en otros tiempos, ‘comandos civiles’”, lanzaron.
Frente a este contexto, exigieron al gobierno provincial “que atienda en forma urgente las causas de la protesta social”, e “investigue y desarticule” la actuación de estos grupos.
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