Ministerio de Derechos Humanos apunta contra los extremos controles policiales de identificación

Nuevos operativos de extremo control callejero en manos de efectivos policiales, se suman a otros despliegues masivos de identificación de transeúntes que se iniciaron en 2015 en nuestra provincia. Estos fueron presentados como controles vehiculares pero son en realidad operativos de control aleatorio de personas. Puntualmente la Revista Superficie, publicó sobre una grave situación ocurrida en la ciudad de Posadas durante el último sábado en el cual policías abordaron un colectivo urbano solicitando DNIs a los pasajeros, y atropellando los derechos constitucionales de los posadeños. Pero esto no quedó ahí, además los efectivos explicaron en ese "operativo de prevención" que desde ahora recomiendan la portación permanente del documento de identidad para evitar ser detenidos por la falta del mismo. "Un día antes, el viernes 26, el mismo despliegue se concretó en la localidad lindante de Garupá y se viene desarrollando en diferentes localidades misioneras", escriben en el medio misionero.

El art. 18 de la Constitución Nacional declara que “Nadie puede ser (…) arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.” Asimismo, varias opiniones indican que no existe una ley que obligue a las personas a portar el DNI, lo cual es cierto. Puntualmente en Misiones, la ley XVIII – Nº 22 (Antes Ley 3389) que rige a la institución policial provincial faculta a los agentes policiales a detener sin orden judicial “a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse…”. La interpretación de esto queda obviamente al criterio policial, que además puede recurrir a otras figuras para justificar una detención arbitraria.

Ahora con respecto a esto, el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia presentó una nota al ministro de Gobierno para que se modifique la práctica de saturación policial.

Le solicitamos se modifique el modo de actuar de los agentes de seguridad de la provincia, como así también los procedimientos a sabiendas que existen derechos y garantías que deben ser respetados”,

expresó Lilia Marchesini, ministra de Derechos Humanos de la Provincia.

No existe legislación que obligue a los ciudadanos a portar el documento en la vía pública, así como tampoco existe legislación para detener a personas por no portar el DNI. Existe jurisprudencia nacional e internacional por la cual se establece que la demora de una persona con meros fines identificatorios constituye ‘una privación de libertad, la cual se torna absolutamente en ilegal, inconstitucional e inconvencional cuando se le exige a un ciudadano –sea este mayor o menor de edad-un comportamiento que no tiene soporte legal alguno’. La portación de Documento Nacional de Identidad es una elección personal y no una exigencia”,