Stelatto confirmó acuerdo y prometió que no habrá sanciones para municipales
El intendente Leonardo Stelatto anunció esta tarde la firma de un acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), que puso fin al conflicto laboral de esta semana.
El jefe comunal habló con los medios luego de finalizada la reunión entre la dirigencia sindical y los representantes del Ejecutivo municipal en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde una multitud de trabajadores montó una vigilia que se prolongó durante unas tres horas.
Stelatto destacó la importancia del acuerdo firmado con el Soemp, aunque cuestionó a la organización por no notificar de la medida de fuerza en tiempo y forma, y aclaró que su administración no pedirá ningún tipo de sanción para el gremio por no haber acatado la conciliación obligatoria; y tampoco descontará los haberes de quienes se plegaron a un paro que calificó como “ilegal”.
El secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino, fue el encargado de ofrecer el detalles del acuerdo firmado con el Soemp.
El funcionario informó que la comuna acordó la regularización de unos 300 trabajadores sin relación de dependencia, que pasarán a la categoría de personal temporario, y de unos 200 contratados con relación de dependencia, que pasarán a planta permanente.
Confirmó además que la comuna comprometió el pago de adicionales por riesgo y por tareas especializadas, que era otro de los puntos en conflicto, y aseguró la provisión de indumentaria y elementos de trabajo.
Guastavino adelantó además que, el acuerdo, en lo que hace al estatus del personal, se extiende al año próximo, en que la Municipalidad estará convirtiendo en contratados temporarios a otra tanda de unos 200 trabajadores sin dependencia, y unos 150 trabajadores con relación que pasarán a la planta permanente.
Stelatto evadió referirse explícitamente a la refriega ocurrida la noche del miércoles en la base de El Zaimán, de Servicios Públicos, donde varios trabajadores resultaron heridos con balas de goma, y pasó la palabra al abogado Juan Pablo Ramírez, quien detalló el proceso judicial que llevó a la represión policial.
En cierto modo, el letrado justificó el accionar de las fuerzas de seguridad en lo “ilegal” de la medida de fuerza, y el bloqueo a los accesos a las dependencias municipales, comprometiendo “la normal prestación de servicios”. Reconoció que fue desde su área que se denunció el no acatamiento.
El jefe comunal comprometió, en tal sentido, el “acompañamiento” de su administración a quienes hayan resultado heridos en los enfrentamientos.