Tensa relación: “Cambiemos” criticó a la Renovación por usar el Consenso Fiscal para subir impuestos
Los recursos provenientes de impuestos recaudados por la Dirección General de Rentas (DGR) son la discusión de fondo. Misiones quiere disponer de sus propia fuente de ingresos para impulsar políticas sociales, obra pública o un mínimo de inversión; Cambiemos apunta a que todas las provincias dependan del poder central y deban negociar cada partida de dinero en Buenos Aires.
El frente Cambiemos de Misiones criticó duramente al gobierno provincial, con el cual mantenía hasta ahora una cordial relación política, por haber amparado en el Consenso Fiscal para avanzar “sobre la legislación tributaria de fondo”, calificando esta decisión como “una burla” al pacto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua con la Nación y que, además, “atenta contra el desarrollo provincial”.
El pronunciamiento no solamente puso en estado de tensión el vínculo entre los oficialismos nacional y provincial, sino que además reveló una jugada que no se habría contemplado cuando en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre, la Cámara de Representantes se expresó a favor de las gestiones realizadas por el gobernador ante el presidente Mauricio Macri, con discursos de acompañamiento mutuo.
En el escrito titulado “El impuestazo de Rentas es una burla al Consenso Fiscal y atenta contra el desarrollo provincial”, el frente “Cambiemos” sostuvo que tras analizar “la Ley Provincial XXI N° 67; el decreto N° 2010/17 y la RG (resolución general) de Rentas Nro. 38/17, hizo una interpretación sobre la decisión legislativa por la cual se autorizó al Ejecutivo “a adecuar y modificar el Código Fiscal y la Ley de Alícuotas”.
En esa línea, mencionó como un fin exclusivo el de “cumplir con los compromisos asumidos por la Provincia en la firma del acuerdo”, pero “el Decreto N° 2010/17 del Ejecutivo Provincial se extralimita, avanzando sobre la legislación tributaria de fondo reservada expresamente al Poder Legislativo”.
Posteriormente, “Cambiemos” advirtió que “modificar la forma de cálculo de la base imponible para determinadas actividades, derogar exenciones fijadas por ley, aumentar el monto de las multas por infracciones a los deberes formales y darle facultades a la D.G.R. para aumentar alícuotas y modificar bonificaciones y montos mínimos”, son atribuciones de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, al ser adoptadas por el Ejecutivo “torna inconstitucional y abusivo al mencionado decreto porque viola las garantías del principio de legalidad que protege a los contribuyentes”, en tanto que la resolución 38/17 de Rentas “incumple con el espíritu del Consenso Fiscal, cual es el de ‘… instrumentar políticas tributarias destinadas a promover la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores’”, según el convenio firmado con la Nación.