Una nueva e injusta situación de amenazas de desalojo sufre una numerosa familia en una chacra de Corpus Christi. Se trata de Lilia Marina Villagra, 60 años, su esposo Julio Oscar Larrea, sus 9 hijos, y 13 nietos, que desde el 2003 padecen atropellos que buscan expulsarlos de la tierra -el Lote 64- en la que viven y producen desde hace más de 50 años. Poseen permiso de ocupación y los servicios a su nombre.
"Hace muchos años soportamos a Esteban y Martín Sersing -padre e hijo- quiénes cuando quieren ingresan a nuestra chacra con armas de fuego, y amenazan con destruir todo, porque aseguran que estas tierras son suyas, pero sin ninguna documentación que los respalde", relató con dolor la mujer que quedó ciega hace cuatro años.
Ante cada atropello hicieron denuncias policiales, siempre insistiendo para que las tomen, porque estos hombres por ser ex-prefecturianos y gendarmes, mantienen contactos con la fuerzas policiales. Por eso y por consejo de su abogado, acudieron a la Fiscalía y el Juzgado de Primera Civil y Comercial 4 de Posadas, a cargo de la jueza Nélida Mirta de Menéndez.
"Tenemos miedo porque el jueves pasado volvieron y nos violentaron. Los Sersing amenazaron a mi hija Marina que con topadoras van a derrumbar su casa y podían hacer desaparecer a mi nieta", señaló Lilia.
"Atropellan nuestros derechos porque somos pobres"
Interiorizada sobre esta situación, la concejal de Gobernador Roca, Nidia Pintos, del espacio político Tierra, Techo y Trabajo, y que trabaja con la familia desde su cooperativa "Del pueblo Evita", se acercó a ofrecer ayuda. Este domingo estuvo en la chacra con el diputado Martín Sereno, para brindar apoyo, y los acompañaron a realizar la denuncia por la amenaza e intrusión que sufrieron el jueves 17 de este mes, "otra vez de parte de los Sersing y Juan Diturbide", según consta en la denuncia policial.
En medio del llanto que le corta la voz, Lilia reiteró que con su esposo habita ese lote "desde toda la vida", produciendo yerba y alimentos en la chacra. Varios de sus hijos nacieron en el lugar, el mayor tiene 40 años.
"Se aprovechan porque somos pobres, mi esposo es analfabeto y yo estoy ciega y nos atropellan con la fuerza policial, y quieren obligarnos a firmar papeles que no podemos leer. Todo para expulsarnos de nuestra tierra", lamentó.
"Es muy triste que la policía custodie a los ladrones en vez de defendernos como gente de trabajo que somos. Tengo miedo por mis nietos y mis hijos tanto en la chacra como cuando andan por la ruta, porque estos violentos y con poder, dicen que van a tumbar nuestras casas con topadora", detalló Lilia.
"Abuso de poder y tráfico de influencias"
"Este domingo fuimos testigos de las consecuencias que dejó en uno de los casos paradigmáticos que ocurren en nuestra provincia, cuando un grupo de 'poderosos' de Corpus, violentó a una familia trabajadora como la de Lilia -que perdió la visión hace cuatro años-. Ella nació en el Lote 64 donde vive con Julio hace más de 40 años, que no sabe leer ni escribir", manifestó Sereno.
Estas personas en clara condición de desigualdad "sufren amenazas, violencia, atropellos, y robos por parte de un ex prefecturiano y su hijo, con la complicidad de abogados, familiares, amigos y contactos de diferentes instituciones".
Los productores vieron nacer a sus hijos en esa tierra que al principio eran 25 hectáreas, y que de tanto cercarlos sólo les quedan 12. Cuentan con todos los papeles para obtener el título, a través de procesos iniciados hace más de una década, servicios a su nombre y un mandamiento judicial que les reconoce y otorga la posesión.
"A pesar de la documentación que los avala y el innegable derecho posesorio, siguen sufriendo constantes violencias que incluyen machetazos, golpes que provocaron una renguera en Julio, y amenazas de desaparición a menores, y el robo de su producción dejando sin sustento a estas familias trabajadoras".
La gran mayoría de los hechos están asentados en denuncias policiales y en el Juzgado; "aunque impera la impunidad y los apropiadores continúan amedrentando a los Larrea. Pero no están solos. Los acompañamos a efectuar una nueva denuncia y vamos a luchar de todas las maneras posibles en defensa de sus derechos para que no exista más este dolor e injusticia, nuestras familias merecen vivir en un mundo mejor", enfatizaron Sereno y la edil de TTT.
El legislador hizo gestiones con la subsecretaría de Tierras y Colonización, Sonia Melo y la directora de Tierras Privadas, Verónica Noguera, quienes recibieron el reclamo y coincidieron que estas familias tienen derechos que se deben atender. Solicitaron que cese la violencia policial y que la Justicia precisamente busque hacer justicia con estos productores.
La misma preocupación se adueña de los hijos e hijas de Lilia y Julio. "Yo era muy chica, pero me acuerdo cómo nos fueron robando de a poco la tierra y la producción. Las agresiones más dolorosas fueron contra mi papá que además de sufrir golpes con machete, le pegaron un tiro. Esto ocurrió hace más de 20 años, nosotros éramos criaturas asustadas que no lo podíamos defender", remarcó Marina Larrea.
La joven destacó que en el último tiempo a Esteban y Martín Sersing, se les sumó Margarita Ortiz, la mujer de uno de estos hombres. "A mi hermano Miguel le tumbaron su casa y se tuvo que ir a vivir a Roca. Nos tratan como pobres sin protección ni derechos, y la ley la manejan los poderosos, el intendente y la Policía. Tenemos hijos, hijas y sabemos que hay un Dios que todo lo ve, pero pedimos a las autoridades provinciales que hagan algo para respaldarnos. Son amenazas graves como que van a hacer desaparecer a nuestros chicos", expresó.
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