Santa María: familias mbya de Pindo Ju reclaman sus derechos esenciales
En la comunidad mbya guarani Pindo Ju, ubicada en la colonia Caá Guazú ("Selva grande") del municipio de Santa María, departamento de Concepción de la Sierra, quedan solamente entre 10 y 12 familias. La mayoría emigró por las carencias que no se resuelven: falta de viviendas en condiciones; de agua, luz; sin camino de acceso para ingresar a la aldea, ni herramientas para producir, etc. Es decir, derechos fundamentales que reclaman porque "es una comunidad con dignidad que no se rinde".
Así lo expresó el dirigente Martín Sereno, candidato a diputado provincial por el partido Tierra, Techo y Trabajo (TTT), que estuvo en el lugar. Para llegar es necesario atravesar cinco tranqueras de campos privados al no existir un camino directo.
"Las viviendas están construidas con cañas, plásticos y cartones y apenas resisten el viento, la lluvia o el frío. Cuentan con el aula satélite 204, pero sin energía ni internet. Es un intento desesperado por sostener la educación en medio del abandono", afirmó Sereno.
La comunidad quiere producir y crecer, pero el tractor de la municipalidad a cargo del intendente José Zadovek (FR), que "debe estar al servicio de su pueblo, jamás llegó hasta ahí. Sólo sienten el silencio, la indiferencia, el abandono. De esa manera no se honra el mes de los Pueblos Indígenas que estamos atravesando", cuestionó el dirigente de TTT.
Sereno destacó que "nuestros gobernantes deben entender que no se puede hablar de justicia social mientras se invisibiliza a las comunidades originarias. Pindo Ju necesita soluciones urgentes. Creemos que una vida digna no puede ser un privilegio".
Entrada a la comunidad Pindo Ju, ubicada en el municipio de Santa María.
"Necesitamos reconocimiento de nuestras tierras"
El cacique de la comunidad, Andrés Ramírez, recordó que a más de 40 años de estar asentados en el lugar, se sienten abandonados por la mano del Estado municipal y provincial. Aún no les entregaron el título comunitario de las tierras que habitan, y con la derogación de la Ley 26.160 por el gobierno de Milei, esa decisión parece más difícil.
"No hay un camino de acceso directo, y para llegar hay que pasar por varias tranqueras privadas, y tampoco tenemos servicios básicos como agua y luz. Nuestras viviendas son muy pobres y no podemos plantar ni producir sin el respaldo del Ministerio de Agricultura Familiar", reclamó.