Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones

Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.

“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.

“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.

“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.

Discriminación

Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.

“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.

Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.

“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.

Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.