El empresario sugirió que, lo sucedido con su emprendimiento en Candelaria, "se inscribe en la metodología que quiso aplicar Yacyretá con el Liceo Storni y los clubes náuticos de la orilla de El Brete", en referencia a la avanzada de la Binacional sobre los predios costeros de Posadas, atribuida al asesor Ignacio Nacho Palacios, que en la práctica parece fungir de director ad hoc de la EBY por encomienda de Santiago Caputo.
La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Muniagurria suma más de 40 años vinculada al río, y desde 2014 opera con la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.
“Yacyretá se puso en modo inmobiliaria y empezó a apretar a las areneras que operan en predios cedidos en comodato un aporte anual de 10.000 metros cúbicos del mineral", ilustró el empresario.
“A mi me citó el ingeniero (René) Martinángeli y me dijo que había cambiado el concepto de la EBY sobre los comodatos y que iban a empezar a cobrarnos un alquiler”, contó Muniagurria, en diálogo con La Voz de Misiones, sobre la única charla que tuvo con el ex jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), reemplazado por Juan Pablo Arrechea, tras la asunción de Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo de la margen argentina.
“Yo le manifesté que soy relocalizado de la EBY. Mi actividad la desempeñaba sobre el arroyo Garupá, del lado del municipio de Garupá, en un terreno privado, y me relocalizaron del lado de Candelaria”, comentó Muniagurria.
“Yo soy relocalizado y no tengo por qué pagar ningún alquiler”, insistió y completó: “Estoy ahí, porque la suba del embalse cambió la costa, o sino seguiría del otro lado, en un terreno privado, como hice la mayor parte de mi vida”.
El empresario sugirió que, lo sucedido con su emprendimiento en Candelaria, "se inscribe en la metodología que quiso aplicar Yacyretá con el Liceo Storni y los clubes náuticos de la orilla de El Brete", en referencia a la avanzada de la Binacional sobre los predios costeros de Posadas, atribuida al asesor Ignacio Nacho Palacios, que en la práctica parece fungir de director ad hoc de la EBY por encomienda de Santiago Caputo.
La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Muniagurria suma más de 40 años vinculada al río, y desde 2014 opera con la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.
“Yacyretá se puso en modo inmobiliaria y empezó a apretar a las areneras que operan en predios cedidos en comodato un aporte anual de 10.000 metros cúbicos del mineral", ilustró el empresario.
“A mi me citó el ingeniero (René) Martinángeli y me dijo que había cambiado el concepto de la EBY sobre los comodatos y que iban a empezar a cobrarnos un alquiler”, contó Muniagurria, en diálogo con La Voz de Misiones, sobre la única charla que tuvo con el ex jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), reemplazado por Juan Pablo Arrechea, tras la asunción de Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo de la margen argentina.
“Yo le manifesté que soy relocalizado de la EBY. Mi actividad la desempeñaba sobre el arroyo Garupá, del lado del municipio de Garupá, en un terreno privado, y me relocalizaron del lado de Candelaria”, comentó Muniagurria.
“Yo soy relocalizado y no tengo por qué pagar ningún alquiler”, insistió y completó: “Estoy ahí, porque la suba del embalse cambió la costa, o sino seguiría del otro lado, en un terreno privado, como hice la mayor parte de mi vida”.
“La Municipalidad nos ha clausurado en forma ilegal”, remarcó el empresario arenero y repasó los pormenores del conflicto que mantiene con la administración del intendente Flores, que, recientemente, elevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
“El municipio aduce que no cumplimos con normas ambientales y que no cumplimos con el pago del tributo municipal”, comentó Muniagurria y afirmó: “Estos argumentos son falsos”.
“El tributo municipal pagamos vía cuenta bancaria, lo depositamos en el banco Macro. Y el certificado ambiental lo hemos presentado junto con el estudio de impacto ambiental provincial”, señaló.
“Ellos aducen que tienen una ordenanza que nos exige la presentación de un estudio de impacto ambiental municipal, pero la misma no está reglamentada”, argumentó el arenero.
“Hemos solicitado por escrito a la municipalidad para que nos informe del protocolo local del estudio ambiental que quieren y no tuvimos ninguna respuesta”, indicó.
Recordó que también recurrió por nota al subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y que tampoco obtuvo ningún tipo de respuesta; además de que, en una consulta al Boletín Oficial de Misiones, comprobaron que la reglamentación de la ordenanza de impacto ambiental, que le exige el intendente Flores, “tampoco fue publicada nunca”.
“Esta situación nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, en una época donde la actividad está parada por falta de obra pública y privada”, se quejó el empresario. “Tenemos personal ahí que estamos abonando”, contó Muniagurria y agregó: “No hemos despedido a nadie, seguimos aguantando”.
Clausurada por la Municipalidad de Candelaria, la planta de acopio de la arenera no funciona desde hace varios meses.
Contó que el ex jefe del DOC, lo intimó a cumplimentar con lo exigido por la Municipalidad de Candelaria y que nunca respondió a la nota que le envió, posteriormente, adjuntándole toda la documentación que remitió al municipio.
“Le hemos adjuntado lo que pagamos y el certificado provincial con el estudio ambiental, la misma documentación que le presentamos a la municipalidad, y nunca contestó”, indicó el arenero.
“Me cuesta creer que esto sea una coacción de la EBY porque no pueden cobrarme el alquiler por mi condición de relocalizado y entonces quieren echarme”, dijo Muniagurria y comentó que, recientemente, una comitiva de inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se presentó en el predio de la empresa en Posadas.
“Fue una inspección sorpresa, donde querían revisar si el personal que trabaja en la arenera está registrado, y por supuesto que todos están en blanco; no pudieron comprobar ninguna irregularidad y, evidentemente, la visita tiene relación con la situación en Candelaria”, afirmó.
“Yo he tomado conocimiento de que, a mis colegas de Santa Ana, la EBY le ha hecho firmar por un aporte de 10.000 metros cúbicos de arena anuales”, señaló y opinó: “Eso no corresponde, porque la EBY no es una inmobiliaria”.
-¿Cuánto es el valor del diezmo de arena exigido?, le preguntó LVM.
“Entre 65 y 70 millones de pesos”, indicó Muniagurria y concluyó: “Ningún arenero tiene condición hoy de pagar eso”.
El empresario debió retirar todo el mineral y transportarlo al corralón de la empresa en Posadas.
“La Municipalidad nos ha clausurado en forma ilegal”, remarcó el empresario arenero y repasó los pormenores del conflicto que mantiene con la administración del intendente Flores, que, recientemente, elevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
“El municipio aduce que no cumplimos con normas ambientales y que no cumplimos con el pago del tributo municipal”, comentó Muniagurria y afirmó: “Estos argumentos son falsos”.
“El tributo municipal pagamos vía cuenta bancaria, lo depositamos en el banco Macro. Y el certificado ambiental lo hemos presentado junto con el estudio de impacto ambiental provincial”, señaló.
“Ellos aducen que tienen una ordenanza que nos exige la presentación de un estudio de impacto ambiental municipal, pero la misma no está reglamentada”, argumentó el arenero.
“Hemos solicitado por escrito a la municipalidad para que nos informe del protocolo local del estudio ambiental que quieren y no tuvimos ninguna respuesta”, indicó.
Recordó que también recurrió por nota al subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y que tampoco obtuvo ningún tipo de respuesta; además de que, en una consulta al Boletín Oficial de Misiones, comprobaron que la reglamentación de la ordenanza de impacto ambiental, que le exige el intendente Flores, “tampoco fue publicada nunca”.
“Esta situación nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, en una época donde la actividad está parada por falta de obra pública y privada”, se quejó el empresario. “Tenemos personal ahí que estamos abonando”, contó Muniagurria y agregó: “No hemos despedido a nadie, seguimos aguantando”.
Clausurada por la Municipalidad de Candelaria, la planta de acopio de la arenera no funciona desde hace varios meses.
Contó que el ex jefe del DOC, lo intimó a cumplimentar con lo exigido por la Municipalidad de Candelaria y que nunca respondió a la nota que le envió, posteriormente, adjuntándole toda la documentación que remitió al municipio.
“Le hemos adjuntado lo que pagamos y el certificado provincial con el estudio ambiental, la misma documentación que le presentamos a la municipalidad, y nunca contestó”, indicó el arenero.
“Me cuesta creer que esto sea una coacción de la EBY porque no pueden cobrarme el alquiler por mi condición de relocalizado y entonces quieren echarme”, dijo Muniagurria y comentó que, recientemente, una comitiva de inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se presentó en el predio de la empresa en Posadas.
“Fue una inspección sorpresa, donde querían revisar si el personal que trabaja en la arenera está registrado, y por supuesto que todos están en blanco; no pudieron comprobar ninguna irregularidad y, evidentemente, la visita tiene relación con la situación en Candelaria”, afirmó.
“Yo he tomado conocimiento de que, a mis colegas de Santa Ana, la EBY le ha hecho firmar por un aporte de 10.000 metros cúbicos de arena anuales”, señaló y opinó: “Eso no corresponde, porque la EBY no es una inmobiliaria”.
-¿Cuánto es el valor del diezmo de arena exigido?, le preguntó LVM.
“Entre 65 y 70 millones de pesos”, indicó Muniagurria y concluyó: “Ningún arenero tiene condición hoy de pagar eso”.
El empresario debió retirar todo el mineral y transportarlo al corralón de la empresa en Posadas.