Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
Se trata de dos de los ocho policías que luego de aquella protesta fueron detenidos y meses después liberados en una causa por presunto "intento de sedición y conspiración". Con el correr de los días, se sumaron a la medida Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Muchevicz y el sargento primero Nestor Rubén Zarza, quienes hoy superaron los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio.
A un mes del inicio de esta protesta en reclamo de ser reincorporados a sus puestos de trabajo, los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales, por lo que uno de ellos presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py.
A su vez, sostienen el pedido de revisión de sus situaciones administrativas y judiciales, mientras persiste el conflicto sin avances, causa que fue visibilizada por el diputado Ramón Amarilla en dos iniciativas que expuso este jueves ante la Legislatura provincial.
“Acá continuamos sin respuestas por parte del juzgado, pero con una nueva denuncia contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Perez, el jefe de policía Sandro Martínez y director del 911 Maximiliano Carletti”, aseguró a La Voz de Misiones desde la Plaza 9 de Julio, Diego Correa, al anticipar un nuevo paso en el reclamo.
Denuncia federal
Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades provinciales, este jueves 7 de mayo, Correa presentó una denuncia penal con “solicitud de investigación urgente” ante el juzgado federal de Comodoro Py en Buenos Aires.
La misma apunta contra las autoridades provinciales mencionadas, por: posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y coacción agravada, hostigamiento sistemático y persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales, asociación ilícita, violación de derechos y garantías constitucionales, falsedad ideológica y utilización abusiva de sistemas de inteligencia y seguridad, violencia institucional, persecución política y sindical y posible terrorismo de Estado y actos de amedrentamiento contra civiles.
Según consta el documento, cada uno de estos hechos habrían ocurrido desde la protesta de mayo de 2024 en adelante. A su vez, se respalda en el pedido de restitución del puesto de trabajo, del cual, Correa asegura que fue "apartado de manera ilegal, arbitraria y sin haber podido ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa".