Todas las provincias apoyaron la restitución a Misiones de la reserva Campo San Juan
Son más de 5 mil hectáreas que estaban en manos de la EBY como parte de una compensación por las tierras inundadas. Pero se las pasó a Parques Nacionales en forma arbitraria, inconsulta e ilegal.
POSADAS. El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que integran todas las provincias del país, apoyó en forma unánime la restitución de la reserva Campo San Juan a Misiones, dijo el ministro de Ecología, Mario Vialey.
El espacio, conformado por 5.104 hectáreas, fue transferido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a la Administración de Parques Nacionales (APN), en un polémico procedimiento ya que estaba en manos del ente en el marco de la afectación de la represa.
Se encuentra en la zona delimitada al norte, el río Paraná; al sur una línea marcada por la Ruta Nacional 12; al este, el arroyo Santa Ana y el arroyo San Juan al oeste, y había sido adquirida para compensar parte de las áreas inundadas.
Ni bien trascendió el traspaso, impulsado por el saliente director ejecutivo Martín Göerling Lara, en noviembre pasado, el entonces gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado para que se retrotrajera el trámite y que la reserva pasara a manos de la Provincia.
En ese sentido, últimamente el gobernador Oscar Herrera Ahuad, reclamó a Vialey que continúe con las gestiones por las tierras, tal como el mismo planteó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.
Vialey dijo que el pronunciamiento del COFEMA fue “unánime para que las tierras del Campo San Juan sean un Parque Provincial”, para lo cual ahora “tenemos el apoyo total y la decisión política para trabajar en conjunto”, señaló el ministro provincial.
“El 100 por ciento de los que participaron de la reunión coincidieron en que esas tierras pertenecen a los misioneros. Por ello incluso se pusieron a disposición los abogados de la cartera nacional que trabajarán en este tema”, expresó a Radio República, de Posadas.
Al respecto, el funcionario reiteró los fundamentos constitucionales, legales e históricos que avalan el reclamo de restitución de las tierras a la Provincia, tal como en principio fundamentó el fiscal de Estado, con reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.