Tras allanamiento del hospital de Jardín, sospechan que la historia clínica habría sido adulterada

JARDÍN AMÉRICA. La sentencia por la muerte durante el parto del bebé Juan Pedro Ayala, en el hospital de Jardín América hace seis años, no se emitió ayer al mediodía. Esto estaría relacionado al allanamiento del hospital llevado a cabo el lunes y la obtención de la historia clínica original de la denunciante y madre del bebé. Sospechan que las copias certificadas estarían adulteradas. María Gabriela Rabán es la única acusada por el delito de negligencia por omisión. El martes 29 continuará el debate oral.

El titular del tribunal unipersonal de Puerto Rico, Osvaldo Rubén Lunge, decidió hacer lugar a un pedido del fiscal, Jorge Federico Fernández, sobre la concreción de una serie de medidas tendientes a ampliar el marco probatorio que ayudará a decidir el fallo más justo para el caso. Trascendió que esto tiene que ver con el sorpresivo allanamiento que se concretó en el hospital público de Jardín.

La comitiva judicial y policial incautó la historia clínica original de la denunciante y madre del pequeño fallecido, Ramona Coceres, y los documentos resultantes del procedimiento médico que se realizó antes, durante y después del parto. Durante la Instrucción, el nosocomio jamás remitió la historia clínica del recién nacido, desde los controles hasta el parto.

Al principio de la instrucción, ante el requerimiento judicial fueron remitidas copias certificadas que, se sospechan, habrían sido adulteradas o al menos eso quedó en evidencia con las diferencias que aparecieron cuando se cotejaron con una copia aportada por la damnificada. Por ello, los documentos originales incautados serán comparados con los remitidos inicialmente, lo que de confirmar irregularidades, podría posibilitar el inicio de una causa paralela con imputaciones a los responsables de cometer los delitos de encubrimiento y adulteración de documentos oficiales.

Por otro lado, también existieron innumerables falencias cometidas durante la investigación, tanto de parte de los investigadores policiales como del por entonces juez penal de Puerto Rico, Éctor Acosta. Luego de la denuncia de Coceres, el juez no ordenó la realización de una autopsia, por lo que no se sabe con rigor científico qué provocó la muerte del recién nacido.