La casta judicial: la feria y el ciudadano invisible

Volviendo a la controversia, es lógico que el Colegio de Abogados —la única voz que parece recordar que el Poder Judicial, aunque a veces lo olvida, es un servicio público— haya puesto el grito en el cielo. Pide acortar la feria, ampliar los horarios, que la justicia funcione como debe funcionar: para las personas. No para los expedientes muertos ni para la comodidad de quienes confunden la función con el privilegio. Y hace bien el Colegio en reclamar. Porque, como marca la Constitución provincial, integra el Jurado de Enjuiciamiento, tiene el deber y el derecho de ser contrapeso y actor crítico. Sin ese rol, la casta judicial sería aún más blindada, más hermética, más tentada de perpetuarse. ¿Será por eso que quieren eliminar los colegios a nivel nacional?

Y es que los jueces en Misiones, a menos que una tormenta política decida lo contrario, permanecen en sus cargos hasta la jubilación. Nadie los mueve. Nadie los incomoda. La estabilidad es virtud, dicen, pero cuando deviene en inercia, se transforma en obstáculo. Porque el Poder Judicial, no lo olvidemos, es el único que puede privar a las personas de sus derechos más esenciales: la libertad, la propiedad, la dignidad. No es poca cosa; es por eso que sobre sus espaldas pesa una exigencia superior: legalidad, diligencia, transparencia, publicidad de los actos.

El gremio judicial, por su parte, defiende lo suyo con argumentos que no carecen de lógica: descansar para no enfermar, evitar el estrés, preservar la salud y la continuidad del servicio. Nadie pide jueces exhaustos ni empleados derrumbados. Pero hay un límite: la justicia no puede ser un castillo amurallado donde solo importa el bienestar de quienes lo habitan y el ciudadano espera afuera, empapado y sin respuestas. La experiencia enseña que ampliar horarios no resolvió nada, que el sistema está atrasado, que se requieren reformas profundas: digitalización, agilidad, procesos modernos, y no más días de fiesta.

Las demandas salariales no son un capricho. El deterioro económico es real, los empleados judiciales la pasan mal, los contratos son una trampa de inestabilidad. El reciente reclamo de aumento no es solo una cifra, es un reflejo de la crisis que cruza todo el Estado. Pero el remedio no puede ser clausurar el servicio o aislarse en la burbuja de los propios problemas. Porque la justicia, repito, es para las personas, no para sí misma.

El Poder Judicial, a veces tan rápido para blindarse, se muestra lento para autolimitarse y abrirse a la crítica. Cuando la prensa molesta, la reacción es el cerrojo, la cautelar, el bozal —como en Tucumán—. Pero la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia y todo intento de cercenarla huele a prebenda mal digerida, a miedo a la luz. Si la justicia quiere respeto, debe dar ejemplo. Si quiere independencia, que la ejerza con transparencia.

Misiones, como tantas otras provincias, pide a gritos una reforma judicial seria, que involucre desde la digitalización total de los expedientes hasta una revisión profunda del sistema de enjuiciamiento. El modelo actual es un engranaje oxidado que solo gira cuando la casta lo permite. Ya es hora de cambiar.

El ciudadano, al final, es el gran ausente y el verdadero destinatario. Merece una justicia bien paga, sí, pero sobre todo merece una justicia que funcione como la de cualquier país serio. El Superior Tribunal debe entender que la ley no es excusa para el privilegio, sino mandato de ejemplo.