Un régimen electoral hecho pelota
Por: Luis Mario Pastori
En la Tierra Sin Mal, las necesidades políticas demuelen las instituciones, tal el caso del régimen electoral y su manejo arbitrario y a discreción por parte de las mayorías partidarias del peronismo en los ’90 y de la Renovación en los últimos 22 años. Para muestra, bastan estos cinco botones.
I – EL VOTO DE “LAS FUERZAS”
En las últimas semanas se generó un fuerte debate a partir de la decisión del Tribunal Electoral el 19 de mayo pasado, en el sentido de prohibir el voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales en las elecciones del próximo 8 de junio de 2025.
Se basó el Tribunal en el Art. 48 inciso 10 de la Constitución Provincial que establece dicha limitación a los “soldados pertenecientes a las fuerzas armadas y los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.
Se llegó al extremo de ordenar una publicación en un Suplemento del Boletín Oficial del 23/05/25 de la lista de todos los efectivos imposibilitados de votar -varios miles-, que insumió 285 páginas del Boletín.
Durante algún tiempo, y en una interpretación literal del texto constitucional, se prohibió el voto estrictamente a los “agentes” y a los “soldados”, por lo que podían votar sin problemas los oficiales y suboficiales. En muchas otras elecciones se permitió el voto sin ninguna limitación cuidando de que no interfieran en las elecciones municipales salvo estuvieren domiciliados en la misma jurisdicción.
Pero ahora directamente se los tachó del padrón sin decir “agua va”, en los mismos comicios en que uno de los candidatos a diputado es un integrante de la Policía detenido por haber liderado los reclamos salariales en el año 2024 con amplia repercusión nacional.
Ante los recursos planteados por las distintas agrupaciones políticas, el órgano electoral mantuvo su criterio, hasta que el Superior Tribunal de Justicia -en tiempo récord de 24 horas- declaró la inconstitucionalidad del citado inciso 10 del art. 48 de la C.P. en un expediente impulsado por el Procurador General de la Provincia, apoyándose en fallos similares del año 2006 y 2013 entre otros.